El Gobierno proyecta recaudar U$S 2.300 millones con nuevas privatizaciones

La Planificación del Gobierno de la Nación de transferir activos estatales al sector privado, ingresó en una etapa de definiciones. El diseño trazado por el Ministerio de Economía apunta a captar un ingreso global proyectado de U$S 2.300 millones, entre concesiones y ventas definitivas de empresas públicas durante el período 2026-2027. 

La hoja de ruta contempla un flujo inicial de U$S 800 millones en una primera etapa, mientras que los restantes U$S 1.500 millones se esperan recaudar durante el año próximo, con el propósito de dotar de liquidez a las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) frente a los compromisos de deuda externa y consolidar el alivio sobre el gasto corriente.

El proceso de mayor avance en esta estrategia es la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que marca el primer gran desprendimiento de la gestión libertaria.

El consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, Transclor y PHX presentó la propuesta más alta para quedarse con el 90% de las acciones estatales al ofrecer U$S 340,2 millones, superando los U$S 285 millones propuestos por el grupo Roggio. 

La operación incluye una concesión por 30 años, con posibilidad de prórroga, y exige un plan de inversiones superior a los U$S 2.000 millones destinado a ampliar y mejorar la red de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Red ferroviarias y rutas nacionales

Con el sector logístico como prioridad, el PEN prepara la apertura de ofertas para la concesión de las líneas ferroviarias Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza, pautada para el 11 de noviembre de 2026. 

La licitación abarca 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias y propone un contrato a 50 años que dividirá los negocios vinculados con la infraestructura vial, los talleres y el material rodante.

El proyecto despertó el interés del Grupo México Transportes, un consorcio de empresas cerealeras y el grupo Roggio, actores clave para una red fundamental que busca abaratar los costos logísticos del sector agroindustrial, la minería de litio y el desarrollo energético en Vaca Muerta.

En materia de infraestructura de transporte, la Casa Rosada también aceleró el traspaso de la red vial nacional mediante el sistema de concesiones por peaje. El programa comprende más de 9.000 kilómetros distribuidos en 16 tramos, bajo contratos de 20 años que eliminan por completo los subsidios del Tesoro. 

Las empresas operadoras asumen el mantenimiento y las inversiones requeridas, financiando sus actividades con la recaudación directa y beneficios impositivos. Este modelo de gestión privada se replica en la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuya concesión fue adjudicada recientemente al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus por un plazo de 25 años.

Obras de transmisión y represas hidroeléctricas

El área energética representa el tercer pilar del esquema privatizador oficial. El 14 de diciembre de 2026 se abrirán las ofertas para el proyecto AMBA I, una obra estratégica diseñada para reforzar la red de transmisión de alta tensión en Buenos Aires. 

La iniciativa demandará una inversión estimada en U$S 1.100 millones y no generará ingresos directos para las arcas públicas, ya que el consorcio ganador será aquel que proponga la tarifa más baja para los usuarios. Empresas como Transener y Central Puerto se perfilan entre los principales interesados para adjudicarse el desarrollo de esta infraestructura.

En paralelo, el Gobierno debe resolver el futuro de diversas concesiones hidroeléctricas cuyos contratos vencen el 15 de diciembre, como el complejo Los Nihuiles en Mendoza, Futaleufú en Chubut y dos centrales en Santiago del Estero. 

Estas inminentes licitaciones se suman a los U$S 700 millones que el Estado ya obtuvo por la concesión de los complejos del Comahue. Asimismo, el Ejecutivo habilitó la venta de las participaciones accionarias de Energía Argentina en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín, y proyecta licitar el 44% del capital de Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales atómicas Atucha I, Atucha II y Embalse, manteniendo el 51% bajo control estatal.